LIO EN EL MINERD: Ver porque Contrataciones Públicas le suspende compra de libros digitales

SANTO DOMINGO, R.D.- La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió los contratos del Ministerio de Educación con varias editoras para la adquisición de libros digitales para el nivel secundario correspondiente al año escolar 2022-2023, por un monto superior a los 2,500 millones de pesos.

La resolución del órgano rector de las contrataciones no es definitiva, pero señaló que adoptó la medida cautelar hasta tanto se dé respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social Editorial Actualidad Escolar 2000, SRL en contra de la adjudicación, suscripción y ejecución de los contratos correspondientes a los lotes No. 1,2,3 y 7 del procedimiento de Excepción por Exclusividad No. MINERD-CCC-PEEX-2C22-0003.

“Hacemos de su conocimiento que esta resolución no es definitiva en sede administrativa y contra la misma cabe interponer: una solicitud de variación de la medida cautelar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo dentro del plazo de 30 días”, precisó Laritza Montero, directora interina de Investigaciones y Reclamos de la DGCP.

Las empresas adjudicadas fueron Cocolo Editorial EIRL, Editorial Cosme Peña, CA-Mart Soluciones y Ediciones Salomé. Actualidad Escolar también ganó un lote y dijo que se enteró luego de que las editoras anteriores firmaron contratos por un valor superior al suyo, violando el principio de economía y el pliego de condiciones contemplados en la ley 340-06.

Por esta y "otras irregularidades" ha sometido varias acciones en contra del proceso de licitación del Minerd. Fundamentó ante la DGCP que para los lotes 1,2,3 y 7 presentó ofertas económicas por montos inferiores a las editoras que resultaron ganadoras y que Educación no explicó por qué descartó sus ofertas, además, señala que la demora en la publicación del acta de adjudicación buscaba limitarle el ejercicio del derecho a recurrir a las decisiones administrativas y blindar contra cualquier recurso la suscripción, pautada para el 27 de junio de 2022 y la ejecución de los contratos.

También denunció indicios de colusión: “Distintos oferentes presentaron ofertas económicas con un nivel de identidad imposible… que de haberse comprobado y verificado por la institución contratante, habría dado lugar al rechazo de estas ofertas”.

Diario Libre supo que cuatro de las otras cinco empresas CA-Mart Soluciones, Cocolo Editorial EIRL, Editora Unidos del Caribe SRL y Ediciones Salomé SRL compartirían el mismo domicilio en el pasado, celebraron asambleas el mismo día, a la misma hora y aprobaron idénticas resoluciones.

Contrataciones Públicas detalló en su resolución, que solicitó al Ministerio de Educación su escrito de defensa sobre las acusaciones de Actualidad Escolar y que hasta el momento el organismo no lo ha presentado. Lo propio hizo con las empresas adjudicadas y solo Cocolo Editorial presentó su defensa, que posteriormente fue rechazada por “improcedente y carente de asidero jurídico”.

Las condiciones

El 21 de abril del año 2022 se publicó la convocatoria del proceso de excepción por exclusividad Minerd-CCC-PEEX-2022-0003, para la compra de los libros de texto del nivel secundario para el año escolar 2022-2023 en versión digital. Esta licitación se realizó en 16 lotes por un monto total de referencia de RD$ 2,538,623,158.39. Se adjudicaron 1,867,509,274 pesos. El mejor precio daba una adjudicación de 1,131,535,61 lo que da una diferencia de 735,973,657. Son casi 800 millones de pesos.

Las reglas fijadas para el citado proceso están contenidas en el Pliego de Condiciones Específicas publicado por el Comité de Compras y Contrataciones del Minerd en abril y se establece que “la Adjudicación será decidida en base a un sistema de precios y se adjudicará entre aquellas que hayan cumplido con todos los requisitos técnicos a la que ofrezcan el menor precio”.

Pero esto no se cumplió. Una fuente consultada por Diario Libre y que ha pedido anonimato, lo confirma y calcula en más de 800 millones de pesos el sobreprecio que estaría pagando el Estado dominicano por incumplir sus propias condiciones en el proceso.