FJT advierte al Senado Despojo de Punta Catalina y otros bienes eléctricos sería detonante para futuro estallido social

 

FJT deplora silencio cómplice de la clase política ante el descuartizamiento del estado

 

FJT explica con entrega de Punta Catalina leyes de transparencia e instituciones de control no tendrían competencias

 

Santo Domingo, Rep. Dom., 12 de enero del 2022.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió al Senado de la República, ante los evidentes despropósitos perpetrados por la Cámara de Diputados, con la aprobación del fideicomiso para entregar al sector privado, la administración de punta catalina por 30 años, el rechazar semejante barbaridad, por ser contraria a la constitución, al interés público, además de enajenar en forma gratuita un patrimonio del pueblo dominicano.

 

Asimismo, la entidad cívica le advierte al senado, sobre la peligrosidad de un futuro estallido social, el cual, con todas estas acciones, indefectiblemente se estaría abonando, en otras palabras, obligando al pueblo dominicano, a tirarse a las calles por al despojo de un bien público de inestimable valor, ello sumado también a la entrega y privatización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica (EDES), con todo un proceso en curso acelerado de privatización.

 

Justicia y Transparencia deploró, que en esta ola de privatización, disfrazada de Alianzas Públicas Privadas APP, y concretamente para el caso ocurrente de Punta Catalina, bajo la denominación de fideicomiso público, se esté graciosamente y ante el silencio cómplice de nuestra clase política, permitiendo el descuartizamiento del patrimonio estatal, bajo un esquema enteramente privado, en consecuencia sin la responsabilidad de someterse a ninguna de las leyes estatales sobre transparencia, llámese Compra y Contrataciones Públicas, Acceso a la Información Pública, Contraloría o Cámara de Cuentas, instituciones que no tendrían ninguna competencia.

 

El presidente de la fundación Trajano Potentini, lamentó el accionar de la Cámara de Diputados, al aprobar el referido contrato, con 102 votos presentes en el hemiciclo de una matrícula de 190 diputados, con una ausencia conveniente y significativa, de gran parte de los miembros, dando pie a formar un cuórum precario y cómplice para concretar este perturbador despropósito.

 

Potentini señaló como de gran perturbación el que el contrato aprobado por los diputados, faculte al denominado Comité Técnico, compuesto por 5 personas físicas, provenientes casi en su totalidad del sector eléctrico privado, con intereses y negocios en el mismo, para autorizar y aprobar la incorporación de personas físicas o morales, que realicen inversiones en el Fideicomiso de Punta Catalina, en calidad de Fideicomitentes Adherentes, en suma eso se traduce en que podrán seguir vendiendo y privatizando a Punta Catalina.

 

Lo cierto es que el referido comité, dirigido y presidido por el exadministrador de la CDEEE, Celso José Marranzini Pérez, y los señores, José Luis Actis, Noel Báez Paredes, George Ángel Reinoso Núñez y John A. De Armas, tendrá todos los poderes, para de forma secreta, privada y discrecional, por los próximos 30 años, para licitar trabajos, contratar personal, vender acciones, fijar precios y vender energía, en fin, disponer a sus anchas de todo lo relativo al manejo de Punta Catalina, como dueños, amos y señores.

 

Otra perturbación lo constituye el hecho de que con este fideicomiso se le reconoce un precio solo de 2, 340 millones de dólares inferior a la realidad del costo, hoy estimado en más de 3 mil millones de dólares; además del blindaje y garantía de impunidad con que cobijan este cuestionado patrimonio del pueblo dominicano.

 

Finalmente le hacemos un llamado al senado, para que no apruebe este despropósito, el cual llevaría al secretismo y sin escarnio social alguno, el manejo de Punta Catalina, dado en un mal llamado Fideicomiso Público, figura fundamentalmente concebida para actividades de naturaleza privada, con una estructura flexible, y reiteramos fuera de los controles de transparencia y rendición de cuentas del Estado”.