La justicia dominicana

Por Ramón Emilio Espinola

Es penoso cuando un pueblo desconfía de aquellos que están obligados a administrar la justicia. No hay sector de la sociedad dominicana que no sienta vergüenza e indignación por lo que es la aplicación de la ley en el país. En la República Dominicana el pobre, el desposeído de todo es como un mosquito pequeño y desnutrido carente de fuerza para romper el mosquitero y salirse de su laberinto, mientras el poderoso, el ladrón apoyado por el estado de corrupción generalizado, sí puede hacer lo que le parezca en gana. A ver, qué nación es esa. A dónde está la justicia.

La justicia dominicana es el hazmerreír del planeta, el vertedero de una desdichada cloaca fétida, donde parece que no existen seres honorables, y el que se cree serio, al poco tiempo de llegar el dinero o el poder político lo corrompe.

El caso de la magistrada Awilda Reyes Beltré, no es único, hay miles como ella en toda la geografía nacional, esta dama ha sido escogida como el chivo expiatorio de la gran mafia política judicial que encubre las acciones de la cadena gubernamental partidaria. Qué quiere ella decir, cuando a todo pulmón manifiesta: “Yo recibía órdenes superiores”. La pregunta obligada es, de quién o de quiénes ella recibía esas órdenes para tapar la corruptela. ¿Del Jefe del Ejecutivo, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Jefe de la Secretaría de Justicia del PLD, de los que llevaron a Quirino al país para desacreditar al líder de un sector importante de la organización? Vaya usted a saber quién fue, o quiénes son los responsables de tanta vagabundería.

En la llamada “Era de Trujillo” el mundo sabía que todo tipo de enunciado, inclusive los de matar, que emanaba del dictador tenía la etiqueta de “Orden Superior”. Por ejemplo, el horrible crimen de las hermanas Mirabal y su chofer se cometió por “Orden Superior”, no había que mencionar el nombre del sátrapa, para saber de dónde venía la orden del crimen. Ahora nos preguntamos, quiénes son los superiores. La sociedad debe de exigir que Awilda hable, para saber quién o quiénes le daban órdenes.

El pueblo en general está desesperado porque no sabe dentro del albañal que es la justicia dominicana en quién confiar, es casi imposible encontrar a alguien que no esté salpicado por el excremento de la podredumbre judicial. La corrupción que perfuma la oferta y la demanda en la venta de sentencias es inimaginable. Cada subterfugio legal que un juez emite para prevaricar y engañar en el favorecimiento de sustancia de causa para favorecer el crimen de ladrones, políticos, clase dominante y mafiosos de todo género tiene su inmaculado precio.

Sabemos muy bien porque la historia se ha encargado de mostrarlo que la justicia dominicana desde la fundación del Estado en 1844 no ha sido un dechado de virtud y honor. El propio artículo No.210 de la primera Constitución nacional fue un adefesio político en favor de la clase dominante, reaccionaria y entreguista, contra los lineamientos liberales que propulsaban los líderes del partido duartista. Con este precepto legal se asesinó a María Trinidad Sánchez y su grupo, a los hermanos Puello, al general Duvergé y su hijo, y por ahí podríamos seguir porque la lista es muy larga. Pero esa fue una justicia política, con jueces venales y entreguistas al ideal anexionista, y si bien estos atentaban contra las personas que defendían la dignidad de la patria, lo hacían por principios de egolatría reaccionaria, y no por afanes mercuriales y de robo público como lo hacen los jueces de ahora.

Tenemos que admitir con un dejo de vergüenza que la justicia dominicana se ha degradado en el último medio siglo a extremos inauditos.

Es muy cierto que en el régimen semidictatorial de Joaquín Antonio Balaguer durante el periodo comprendido entre 1966 y 1978 la judicatura nacional estuvo enteramente politizada y respondía básicamente a los lineamentos del gobierno nacional, y a los intereses foráneos de los interventores que lo subieron a la cima del poder, pero a pesar de todo eso, de tanto engaño y falsa contra los sectores de la dignidad patria, jamás se observó tanta bajeza y podredumbre como la que existe en la actualidad.

En estos momentos que vive la nación ser juez, fiscal o miembro de la judicatura no es un oficio honorable para servir a la sociedad, simplemente dicho trabajo no es un sacerdocio, sino una canonjía cuyo propósito intencionado es el de obtener todo el dinero ilícito que se pueda y cualquier prebenda mal habida que caiga cerca.

Tenemos que recordar que de los últimos veinte años del llamado “proceso democrático” el PLD ha gobernado quince y medio, lo que indica que ellos son los creadores de las llamadas “Nuevas Cortes”. Lo que indica que la dirección de esa parcela política son los causantes de tanto abuso, y por ende los mayores responsables de esa desgracia nacional, llamada Justicia Dominicana.

Todos los estamentos de la judicatura nacional tienen un solo nombre y apellido, PLD. Por tal razón ese albañal es propio de su arquitectura mafiosa. Algún día, cercano o lejano, ellos tendrán que responder a la sociedad dominicana sobre tal barbaridad. Es muy cierto que en la actualidad, en la República Dominicana no hay consecuencia penal para nada, ni siquiera por tirar basura en la calle, pero, si el país quiere progresar algún día tendrá que haberla.